JOHN VARGAS CAMPOS, candidato a la Provincia de Ascope, afrontará un nuevo juicio por el delito de omisión de denuncia en agravio del Estado

El polémico burgomaestre de Magdalena de Cao y ahora candidato a la alcaldía provincial de Ascope, por el movimiento regional SÚMATE, John Vargas Campos, afrontará un nuevo juicio por el delito de omisión de denuncia en agravio del Estado.

Eso se lee en el documento emitido por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Pero curiosamente la audiencia quedó programada todavía para el 13 de marzo del 2019,en la sede de la Corte Superior de Justicia en Natasha Alta, hasta donde deberán concurrir Vargas Campos, acusado por la omisión de denuncia agravada; Santos Anita Reyes Meza, regidora en ejercicio, y los trabajadores municipales Carlos Nicolás Cárdenas Paz y Francisco Edgardo Escalante Malca, acusados del delito de peculado.

“Hice la denuncia de la venta ilegal de bienes públicos ante la Fiscalía Anticorrupción de Trujillo; luego de pasar las etapas de investigación preliminar y preparatoria, ahora el expediente ha sido derivado a la Sala Especial Anticorrupción”, señaló el concejal Jaime Casanova Leyva.

“En los años 2011 y 2012, el Plan Copesco instaló tachos de basura, en la plaza de Armas y avenidas principales de Magdalena de Cao, para mejorar el ornato de nuestro distrito. Al ingresar John Vargas a la alcaldía no le gustó los tachos y ordenó retirarlos. Posteriormente, en el año 2016, los imputados comercializaron estos enseres y otros como chatarra por los que recibieron 612 soles, sin respetar la normativa sobre baja de bienes públicos”, indicó.

El delito causal de denuncia está contemplado en el artículo 407 del Código Penal de la siguiente manera: “El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior a cinco años, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

Cabe recordar que meses atrás el burgomaestre de Magdalena de Cao hizo noticia a nivel nacional, al protagonizar junto, a sus regidores, una huelga de hambre en la puerta del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, en Lima, y exigía -incluso encadenándose- ser atendido con el presupuesto para una obra de agua potable y alcantarillado, postergada por años. (Redacción Satelite)

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